La situación jurídica y legal de la Mujer en la España Contemporánea. Parte 2.

Alegoría de la II Republica Española

Alegoría de la II Republica Española

Las mujeres españolas y sus derechos civiles

La incapacidad civil de la mujer española fue una realidad durante todo el periodo de la restauración borbónica (1875-1921) y durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera (1923-1930). Salvo en el periodo de la Segunda República Española, bajo el amparo de la Constitución de 1931, en que la mujer fue considerada una ciudadana, casi con los mismos derechos que los hombres, las mujeres españolas sufrieron la falta de reconocimiento de sus derechos. De hecho la situación volvió a tornarse como en el pasado inmediatamente anterior a la república cuando Franco y sus acólitos instauraron la dictadura franquista. Nuevamente la mujer volverá a ser una incapacitada civil. Sólo la democracia española tras la muerte del dictador y la nueva constitución que se apruebe en 1978 sentará las bases para la igualdad de las mujeres y de los hombres españoles.

El Código Civil Español de 1889 la incapacitó civilmente, confirmando su conversión en esa menor de edad de la que hemos hablado. Primero quedaba bajo la tutela del padre y, después bajo la tutela del marido, no se la reconoce como un ser individual. Sólo las mujeres solteras (“solteronas”) o las mujeres viudas contaban con casi los mismos derechos civiles que los hombres.

Esta incapacidad civil significaba en la vida práctica que las mujeres tenían que obtener el permiso paterno o marital para estudiar, ejercer una profesión, viajar, abrir una cuenta bancaria, recibir atención médica. Tampoco podían actuar ante la justicia. Sólo recuperaban parte de estos derechos ante la ausencia del marido.

Algunos de los aspectos más sangrantes de la situación legal en que quedaban las mujeres tienen que ver con el derecho en las relaciones familiares. Así, la mujer que era madre, no tenía la tutela ni la patria potestad de sus hijos que correspondía únicamente al padre. Incluso en el caso de fallecimiento del padre existían dos posibilidades: el padre podía conceder la patria potestad de sus hijos a la madre o, podía nombrar un Consejo de Familia que quedaba encargado de la tutela de los hijos menores. Estos consejos de familia generalmente estaban formados por varones, normalmente los hombres del grupo familiar, designados en el testamento por el padre. Es decir, la madre no tenía derechos por sí misma sobre sus hijos.

Mientras el marido vivía, fijaba la residencia familiar y podía obligar a su mujer a vivir y retornar al hogar marital. La esposa era la encargada de la crianza y cuidado de los hijos, pero el derecho otorgaba en exclusividad al padre todos los poderes en relación con la educación de los mismos. También el marido era el encargado único de administrar los bienes de la sociedad conyugal y de los de su esposa. Era él quien debía representar a su mujer en todos los asuntos extra-domésticos o al menos autorizar expresamente a ella para gestionarlos.

En el caso de matrimonio de una mujer de nacionalidad española con un hombre extranjero, ésta perdía automáticamente la nacionalidad de origen para adoptar la nacionalidad de su marido. En sentido contrario, cualquier mujer de otra nacionalidad que se casase con un español inmediatamente adoptaba la nacionalidad del cónyuge. Esto significaba que la mujer española no era ciudadana de pleno derecho, porque podía perder automáticamente la nacionalidad por matrimonio.

El matrimonio era un contrato, una asociación que se firmaba entre dos seres desiguales legalmente, donde la mujer quedaba estrechamente sometida al cabeza de familia. En el caso español, además, la influencia de la iglesia católica en este sentido fue absoluta, viniendo a apoyar estas iniciativas legales de subordinación de la mujer al hombre.

Solo, con la Segunda República se subsanaron en parte las deficiencias civiles de las mujeres.

La instauración de la república se realizó por aclamación popular tras el resultado de los comicios municipales celebrados el 14 de abril de 1931. Los partidos republicanos y de izquierdas habían conseguido la mayoría de los ayuntamientos españoles, lo que obligó al rey Alfonso XIII a salir de España. La Segunda República Española quedaba proclamada. Una de las primeras medidas que se adoptaron fue la convocatoria de elecciones generales fijada para el día 28 de junio de ese mismo año. Previamente, el 9 de mayo, el Gobierno Provisional había sancionado un decreto que modificaba la ley electoral vigente desde el año 1907. En el mismo se rebajaba la edad electoral a los 23 años y se determinaba que las mujeres podían ser elegibles, aunque no electoras todavía. Así, nos encontramos con tres destacadas mujeres que accederán a un escaño en el congreso de los diputados: Clara Campoamor por el Partido Radical de Lerroux, Victoria Kent por el Partido Radical Socialista y Margarita Nelken por el Partido Socialista.

Inmediatamente la república se puso a trabajar en la redacción de la nueva carta magna. Clara Campoamor fue designada por su partido para formar parte de la comisión encargada de redactar los artículos del texto constitucional. En teoría su articulado debía recoger la igualdad de hombres y mujeres y, si bien es cierto que en gran medida esto fue así, el artículo 25 que debía fijar la igualdad señalaba: 

“No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: el nacimiento, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Se reconoce, en principio, la igualdad de derechos de los dos sexos

 La controversia estaba servida. Clara Campoamor relataba la estupefacción que le ocasionó, por un lado, que el sexo no quedará incluido y, por otro, esta coletilla que he colocado en negrita. Este “en principio” limitaba la igualdad sin fijar cuándo, dónde, ni por quién. De esta forma la igualdad existía pero menos. Ella misma presentó un voto particular que enmendaba el texto anterior y que tras algunos debates fue aprobado en su lugar: 

No podrán ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas[1]

 Con anterioridad se había debatido y aprobado el artículo 23 que garantizaba a la mujer española su nacionalidad si se casaba con un extranjero. Al igual que aseguraba a la mujer extranjera que se casara con un español su capacidad para decir la nacionalidad que quería tener. Aquí está la primera pista del reconocimiento de la ciudadanía plena de la mujer española.

Otras de las leyes fundamentales que afectaron en este sentido a las mujeres fueron el reconocimiento de la igualdad civil de los cónyuges en el matrimonio civil recogido en el artículo 41 de la Constitución de 1931 y, la Ley de Divorcio, aprobada un año más tarde, en 1932. Ambos preceptos pretendían legalizar una unión entre dos seres iguales en derechos y obligaciones, al menos aparentes. Se trataba de uniones por amor que no significarán una atadura para toda la vida.

Sin embargo, no debemos perder de vista, en lo que al divorcio respecta, que éste es un fenómeno urbano y de clase media y alta, básicamente. Para comprender lo que el divorcio es y lo que representa para las mujeres debemos fijarnos en las estadísticas. Lo que se comprueba en todos aquellos espacios geográficos donde se legaliza, es que son mayoritariamente las mujeres las que interponen las demandas de divorcio. Por lo tanto, podemos decir que la figura legal del divorcio es una liberación para la mujer, que la permite decidir libremente con quien comparte o no su vida diaria. La libera de la tutela marital.

Otra medida de interés para el conjunto de las mujeres fue el reconocimiento del derecho a la investigación de la paternidad. Hasta ese momento las madres solteras se encontraban desamparadas ante la ley. Ésta no les reconocía el derecho a investigar la paternidad del hijo ilegítimo y quedaban expuestas no solo al escarnio público, sino a la obligación económica de mantener solas a sus hijos.

Una medida notable en derechos reproductivos fue la legalización del Aborto. La medida es extraordinaria en sí misma, pero, además, lo es por las circunstancias especiales en que fue aprobada. Con motivo de la guerra civil los anarquistas entraron a formar gobierno en la Generalitat de Catalunya. En diciembre de 1936, por la iniciativa del médico anarquista Félix Martí Ibáñez, director general de sanidad y asistencia social, se aprobó el Decreto de Interrupción Artificial del Embarazo. Se establecieron cuatro categorías genéricas de motivos que justificaban la interrupción: Causas terapéuticas (enfermedades); causas eugenésicas (incesto o transmisión de enfermedades); causas neomalthusianas (control de la natalidad); y causas éticas o sentimentales (maternidad no deseada). Básicamente se legalizaba en todos los supuestos. Se trataba de dar legalidad a una situación que se vivía en la práctica cotidiana. Así, se intentaba garantizar la salud de la mujer que deseara acceder a esta interrupción, evitando los perjuicios y muertes que la clandestinidad de la práctica conllevaba. Fue una medida audaz y que únicamente estuvo vigente en Cataluña.[2]

Sin embargo, todos estos derechos se borraron de un plumazo durante la Guerra Civil española en las ciudades sublevadas, extendiéndose al conjunto de la población femenina española tras el triunfo militar de los franquistas. Así, a partir de 1936 se decreta “la moralización de las costumbres

En 1938 se derogó la ley de matrimonio civil y el divorcio, éste con carácter retrospectivo, lo que produjo situaciones terribles en algunos casos en que tras el divorcio se había contraído un nuevo matrimonio.

El código civil franquista elevó a 25 años la mayoría de edad y obligó a la joven a permanecer en el hogar paterno hasta el momento de casarse o de entrar en el convento. Curiosamente, gran parte de las élites femeninas encuadradas en la sección femenina se mantuvieron solteras.

El Fuero de los Españoles (1945) fijó la importancia de la familia y el propósito del Estado de vigilar y proteger a esta institución fundamental. Así dice: 

Artículo 22. El estado reconoce y ampara a la familia como institución natural y fundamento de la sociedad, con derechos y deberes anteriores y superiores a toda ley humana positiva. El matrimonio es uno e indisoluble. El Estado protegerá especialmente a las familias numerosas.

 El Estado franquista se dedicó con ahínco a legislar para proteger a las familias, especialmente a las familias numerosas, tal y como queda recogido en el artículo anterior. De tal forma que se aprobaron medidas como la concesión de subsidios, premios a la natalidad y premios especiales para las familias numerosas. Pero la auténtica importancia de la familia residía en el cabeza de la misma que era el esposo y padre, de esta forma, todas las asignaciones y premios que reconocía el estado dictatorial eran entregadas a ellos, no a las madres.

Las mujeres volvían a perder todos los derechos civiles que el régimen republicano les había reconocido expresamente. Volvían a quedar sujetas a la tutela patriarcal. Su situación era idéntica a la mantenida con anterioridad. La licencia paterna y marital volvía a ser necesaria para cada acto individual que las mujeres quisieran llevar a cabo. (Estudiar, trabajar, abrir cuentas bancarias, obtener el carné de conducir, sacarse el pasaporte, viajar…)

Esto se mantuvo así hasta los años finales del franquismo e, incluso, en algunos casos tuvieron que esperara hasta la instauración de la democracia tras la muerte del dictador.

 

[1] Clara Campoamor explica claramente en su libro “Mi pecado mortal. El voto femenino y Yo” las discusiones parlamentarias en relación con este artículo de la constitución (pp. 95 y siguientes)

[2] Esta medida extraordinaria no fue única en Europa. También en Gran Bretaña (1938) se legalizó el aborto bajo algunos supuestos un tanto más restrictivos (en caso de grave daño físico o mental). Está en comunión con las ideas más avanzadas de la eugenesia cuyo objetivo último era el amejoramiento de la especie humana a través del control de la natalidad.

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